Diputados mendocinos, tanto peronistas como el radical Julio Cobos, han confirmado que votarán en contra del veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al aumento de jubilaciones. La Cámara de Diputados fue convocada para una sesión especial este miércoles al mediodía, impulsada por bloques opositores, con el objetivo de tratar los vetos del gobierno a estas leyes clave.

La expectativa es alta en Mendoza, donde más de 100 prestadores y familias de personas con discapacidad aguardan una definición que podría impactar directamente en la atención y prestaciones médicas. La situación se volvió aún más relevante luego de que la Justicia de Campana declarara la inconstitucionalidad del veto presidencial, argumentando que vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de la infancia y derechos de las personas con discapacidad.

El diputado peronista Adolfo Bermejo y el radical Julio Cobos anticiparon que buscarán revertir el veto, confiando en que la oposición podría reunir los votos necesarios para esta pulseada en el Congreso. "Ojalá alcancen los números. Todo indicaría que los tenemos, por eso llamamos nosotros a sesión especial. Hay que ver qué hacen los gobernadores. En Mendoza es posible que los radicales lo ratifiquen porque tienen un acuerdo electoral con Milei. Pero nada está dicho. Vamos confiados", expresó Bermejo.

El resultado de la sesión dependerá de la cantidad de diputados presentes y de la obtención de los dos tercios necesarios para rechazar el veto. En la última votación sobre el aumento a las jubilaciones, la iniciativa se aprobó con 142 votos contra 67 y 19 abstenciones, aunque para revertir el veto se requieren 152 votos. En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición estaría más cerca de lograr los dos tercios, según los antecedentes de la sesión del 4 de junio.

Además, se debatirá un proyecto sobre la coparticipación de ATN, que fue sancionado por el Senado y establece que la partida destinada a emergencias se distribuirá de acuerdo a la ley de Coparticipación Federal. El Gobierno propone mantener el manejo de esa partida en manos del Poder Ejecutivo, distribuyendo solo el remanente entre las provincias.

La resolución de este debate tendrá implicancias directas en la vida de miles de personas y en el funcionamiento de los prestadores de servicios de salud en Mendoza y el resto del país. El desenlace de la sesión podría marcar un precedente en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo respecto a la protección de derechos sociales y el manejo de fondos públicos.