El viernes 27 de febrero de 2026, sindicatos estatales y organizaciones sociales de Argentina llevaron a cabo una jornada de paro y movilizaciones en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. En Neuquén, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro total de actividades que afectó diversas dependencias públicas, incluyendo escuelas, hospitales y entes provinciales. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, justificó la medida señalando que la reforma "atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores" y anticipó que, de aprobarse, la ley enfrentará resistencia y judicialización.

La protesta se replicó en otras ciudades del país. En Mar del Plata, organizaciones de izquierda y sindicatos realizaron cortes en la Ruta 2 y organizaron una olla popular, mientras que en Buenos Aires, la movilización fue vigilada de cerca por la policía y se registraron enfrentamientos y represión. En Rosario también se reportaron manifestaciones de rechazo.

El proyecto de reforma laboral, debatido en el Senado tras su aprobación en Diputados con modificaciones, propone cambios significativos en las relaciones laborales. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la reducción de la base de cálculo de indemnizaciones, la ampliación de la definición de actividades esenciales, la habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas y la limitación del alcance de las huelgas. Los gremios y opositores sostienen que estas medidas suprimen derechos y conquistas históricas de los trabajadores, mientras que el gobierno argumenta que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral, reducir costos y atraer inversiones.

Durante la jornada, los servicios esenciales como salud, agua y energía mantuvieron guardias mínimas, pero el paro se sintió con fuerza en la administración pública provincial. Quintriqueo adelantó que el gremio prepara una impugnación legal, señalando que "hay artículos que son totalmente inconstitucionales" y que la judicialización será inevitable si la ley se promulga. Por su parte, los manifestantes denunciaron que la reforma "profundiza la precarización, legaliza el ajuste y facilita despidos".

El debate parlamentario sobre la reforma laboral ha generado un clima de tensión y movilización social en todo el país, evidenciando la polarización entre el oficialismo y la oposición. El resultado de la votación en el Senado será determinante para el futuro de las relaciones laborales en Argentina y podría marcar el inicio de una nueva etapa de conflictividad y acciones legales por parte de los sindicatos.