El gobierno de Javier Milei concretó en los últimos días una serie de reformas legislativas y políticas que marcan un giro en la agenda nacional. La aprobación de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad penal en el Congreso fueron celebradas por el oficialismo, que considera estos cambios como una actualización normativa necesaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El presidente Milei destacó que "quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley".

En paralelo, la senadora Patricia Bullrich defendió la validez institucional de la reforma laboral, enfatizando que "cada empresa y trabajador podrá hacer un convenio en su lugar de trabajo" y que la ley permitirá adaptar condiciones a la productividad de cada provincia. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad y movilizará al Palacio de Tribunales, aunque no convocó a un nuevo paro.

El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, ratificado por Argentina y Uruguay, comenzará a aplicarse de manera provisional desde el 1 de mayo, según confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. El gobierno argentino considera este pacto como una oportunidad para fortalecer la inserción internacional y atraer inversiones.

En el plano económico, el cierre de la fábrica de neumáticos Fate en San Fernando dejó a 920 operarios sin empleo y reavivó el debate sobre la apertura comercial y la competitividad empresarial. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que "las empresas tienen que competir" y defendió la eliminación de barreras a las importaciones.

El oficialismo consolidó alianzas en el Senado, debilitando al bloque peronista, mientras gobernadores del norte se convierten en piezas clave para la aprobación de leyes. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, criticó las políticas nacionales y advirtió sobre el riesgo de pérdida de la clase media argentina.

En el ámbito internacional, el gobierno prepara la "Argentina Week" en Nueva York, buscando posicionar al país como destino de inversiones. La AFA, por su parte, enfrenta investigaciones por evasión y maniobras judiciales, en medio de la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura.

El escenario político y económico argentino se encuentra en plena transformación, con reformas que generan apoyos y resistencias, y una agenda internacional orientada a la atracción de capitales. El impacto de estas medidas será determinante para el rumbo del país en los próximos años.