Un hombre de 37 años, identificado como dibujante y simpatizante del movimiento Antifa, fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo bajo la acusación de amenazas e intimidación pública contra la senadora Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. El operativo, realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, incluyó el allanamiento de su domicilio, donde se incautaron réplicas de armas, pistolas, cascos de uso militar, máscaras antigás, banderas antifascistas y materiales que, según la hipótesis oficial, podrían ser utilizados para la fabricación de cócteles molotov.

La investigación se inició en mayo de 2025 tras la detección de publicaciones intimidatorias en una red social de imágenes y videos, presuntamente realizadas por el detenido. Entre ellas, se destacaban caricaturas y frases como "Muerte a los enemigos del pueblo", dirigidas a figuras políticas. El Ministerio de Seguridad difundió imágenes de los objetos incautados, aunque fuentes cercanas al acusado y su defensa sostienen que muchos de ellos son objetos de colección, réplicas sin poder de fuego o materiales de uso cotidiano, cuestionando la relevancia penal de los mismos.

La abogada Laura Taffetani, representante del detenido, denunció irregularidades en el procedimiento y calificó la acusación como un "montaje" destinado a construir la imagen de un sujeto peligroso. "El hecho concreto con que lo incriminan es la publicación en su cuenta de Instagram de dibujos y viñetas satirizando a la ex ministra Bullrich y a la Policía Federal", afirmó. El detenido permanece bajo arresto y se le negó la excarcelación, mientras la justicia analiza los elementos reunidos en la causa.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión política y debate sobre los límites de la protesta social y la represión estatal. El movimiento Antifa, al que se vincula el acusado, es considerado de extrema izquierda y ha sido declarado organización terrorista en otros países. El gobierno argentino, que ha manifestado su defensa de la libertad de expresión, enfrenta críticas por el accionar de las fuerzas de seguridad y la judicialización de la protesta.

La detención ha generado reacciones diversas: mientras el Ministerio de Seguridad la presenta como un logro investigativo, sectores opositores y defensores de derechos humanos denuncian un ataque a la libertad de expresión y la utilización de figuras penales para reprimir la disidencia política. El debate público continúa, especialmente en vísperas del aniversario del último golpe de Estado, un momento de alta sensibilidad social en el país.