El Gobierno nacional dispuso reducir a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a Bahía Blanca, ciudad gravemente afectada por las inundaciones de marzo de 2025. La medida, oficializada esta semana a través de la Decisión Administrativa 23/25 y publicada en el Boletín Oficial, disminuye el monto original de $200 mil millones a $100 mil millones, según confirmaron la Oficina de Presupuesto del Congreso y diversos medios nacionales.

El recorte se produce pocos días después de la contundente victoria electoral de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, donde sus candidatos obtuvieron cerca del 47% de los votos. La decisión generó fuertes críticas de la CGT local y de sectores políticos y sociales, que señalaron un "abandono" por parte del Gobierno nacional. "A seis meses de la inundación aún no aparecían los fondos para las obras de infraestructura, ni los beneficios impositivos, ni la ayuda a comerciantes y empresas prometidas", expresó la central obrera en un comunicado.

El fondo había sido creado por el Decreto 238/25 para asistir a los damnificados por el temporal, que dejó al menos 20 muertos y cuantiosos daños materiales. Sin embargo, la ayuda no llegó a todos los afectados, lo que ya había suscitado críticas en la ciudad. El Gobierno había vetado previamente una ley del Congreso que preveía una asistencia similar, argumentando que las medidas ya implementadas hacían innecesario un nuevo auxilio financiero en el actual contexto de emergencia presupuestaria.

Desde la Casa Rosada se sostiene que la ayuda otorgada es suficiente y que la ley vetada era de "imposible cumplimiento" para algunas localidades. No obstante, la CGT y otros actores locales insisten en que la reducción de fondos compromete la recuperación de la ciudad y piden la intervención de todas las fuerzas políticas para reclamar los recursos necesarios.

El caso de Bahía Blanca se suma a un contexto nacional de ajuste fiscal, en el que el Gobierno prioriza la reducción del gasto público. La situación deja abierta la discusión sobre el alcance y la suficiencia de la asistencia estatal ante emergencias climáticas y sus consecuencias sociales y económicas.