El juicio por presuntas irregularidades en el programa "Fútbol para Todos" avanzó con el pedido de condenas por parte del fiscal federal Miguel Ángel Osorio. En su alegato, Osorio solicitó tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete, y ocho meses de prisión para Jorge Capitanich, también exjefe de Gabinete, ambos durante la gestión de Cristina Kirchner. Las acusaciones se centran en administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, en el marco de desvíos de fondos estatales destinados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre 2009 y 2015.

El fiscal también pidió penas condicionales para otros involucrados, como Luis Segura, expresidente de la AFA; Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados; y Natale Rigano, expresidente de la empresa IVECO. Además, se solicitó la restitución de más de 456 millones de pesos y otros 131 millones, actualizados, al Estado, la AFA y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), por el perjuicio causado por las maniobras investigadas.

La causa, impulsada por la diputada Graciela Ocaña, se basa en la falta de controles sobre el destino de los fondos públicos, contratos irregulares y el desvío de recursos hacia entidades privadas y financieras. La Auditoría General de la Nación detectó irregularidades en los contratos de sponsoreo, pagos en especie y precios por debajo de los valores de mercado. El tribunal oral federal dispuso un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando será el turno de las defensas.

Jorge Capitanich, uno de los principales acusados, rechazó públicamente el alegato fiscal, calificándolo de "inconsistente, infundado y conjetural" y sostuvo que "los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos". Capitanich y otros involucrados consideran que el proceso tiene motivaciones políticas y que busca desprestigiar políticas públicas como "Fútbol para Todos". Por su parte, Ocaña reclama condenas más severas y denuncia el uso político del programa.

El caso pone en debate la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos y la efectividad de los controles estatales. El resultado del juicio podría tener implicancias en futuras políticas de financiamiento estatal y en la transparencia de la gestión pública.