La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa impulsada por los gobernadores y respaldada por la oposición. El proyecto, que ya contaba con media sanción en el Senado, establece que el 1% de los ATN será distribuido automáticamente entre las provincias bajo los parámetros de la Ley de Coparticipación Federal, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de estos fondos.

La votación resultó en 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, principalmente de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la diputada chubutense Ana Clara Romero. Si bien la mayoría fue contundente, no alcanzó los dos tercios necesarios para bloquear un eventual veto presidencial, que el presidente Javier Milei ya anticipó. El oficialismo logró asegurar el tercio de votos necesarios para sostener el veto, lo que augura una nueva disputa política en el Congreso.

Durante el debate, los bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y sectores de la UCR y el PRO respaldaron la iniciativa, mientras que los legisladores alineados con gobernadores que tejieron acuerdos electorales con La Libertad Avanza se desmarcaron y votaron en contra o se abstuvieron. La propuesta incorpora a la Ley Permanente de Presupuesto un artículo que garantiza la distribución automática de los recursos del Fondo ATN, sumándolos a la masa de fondos coparticipables.

El texto aprobado resalta que estos recursos tienen asignación específica y no afectan las finanzas públicas nacionales, argumentando que "son recursos que ya les pertenecen a las provincias". El costo fiscal estimado es de $253.000 millones, equivalente al 0,03% del PBI, y se espera que los gobernadores reciban millones de pesos adicionales diariamente.

El debate reflejó las tensiones entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales, quienes reclaman mayor autonomía financiera y una distribución más equitativa de los fondos. Mientras Milei y el oficialismo sostienen que la ley pone en riesgo el superávit fiscal, la oposición celebra la eliminación de la discrecionalidad y el fortalecimiento de las provincias. Se prevé que el Consejo Federal de Inversiones sea el próximo escenario de discusión y que el Congreso vuelva a ser protagonista en la disputa por los recursos federales.