El juicio por el caso Solange Musse, que generó un profundo debate sobre los límites de los protocolos sanitarios durante la pandemia, llega a su instancia final en los tribunales de Río Cuarto, Córdoba. El proceso busca determinar la responsabilidad penal de Eduardo Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El fiscal de Cámara, Julio Rivero, solicitó una condena de un año y seis meses de prisión condicional para ambos imputados, además de la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. La querella, por su parte, pidió una pena de dos años y que la familia Musse sea reconocida como víctima de violencia institucional. El caso se centra en la negativa de ingreso a Córdoba de Pablo Musse, quien viajaba desde Neuquén para despedirse de su hija Solange, enferma de cáncer terminal, en agosto de 2020. Musse fue detenido en el retén sanitario de Huinca Renancó por no contar con un PCR negativo, a pesar de tener permisos de circulación y test rápidos que luego se comprobaron como falsos positivos. Tanto él como su cuñada, persona con discapacidad, fueron escoltados de regreso a Neuquén sin poder detenerse, y Solange falleció al día siguiente sin poder ver a su padre.

Durante el juicio, el fiscal argumentó que los funcionarios desoyeron las excepciones humanitarias previstas en los protocolos y vulneraron derechos básicos. "Con un test negativo hubiera podido pasar por fuerza mayor, pero con test positivo el riesgo era enorme por un brote", declaró el exministro de Salud Diego Cardozo, justificando la rigidez de las medidas en un contexto de alta transmisión comunitaria y sin vacunas disponibles. Sin embargo, otros testimonios admitieron que pudo haberse evaluado alguna excepción.

Pablo Musse, en sus últimas palabras ante el tribunal, expresó: "Esto no es un alivio, es un compromiso por Solange y por todos los abusos que hubo en 2020 y que nadie quiso denunciar". La defensa de los acusados sostiene que solo cumplieron con los protocolos vigentes y que la investigación presenta falencias en la atribución de responsabilidades.

El veredicto, que será emitido por un jurado popular, podría sentar un precedente importante para futuras causas que involucren a funcionarios públicos por decisiones tomadas durante la pandemia. El caso Solange Musse reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección sanitaria y los derechos humanos en situaciones extremas.