El Gobierno nacional oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la intervención del organismo tras un escándalo de corrupción que involucró a su extitular, Diego Spagnuolo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 666/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, y tiene vigencia desde el 10 de septiembre.

La intervención de la ANDIS fue dispuesta en agosto, luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas maniobras irregulares y pedidos de coimas, involucrando a figuras como Martín Menem y Karina Milei. El Ejecutivo designó a Alejandro Vilches como interventor, quien asumió la tarea de realizar una auditoría profunda en el organismo y reportar cualquier irregularidad detectada, especialmente en lo relativo al impacto económico y administrativo.

Scigliano, licenciado en Ciencia Política y con experiencia en áreas de transparencia y modernización del Estado, fue seleccionado tras la evaluación de sus antecedentes. Según su perfil profesional, ha trabajado en el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad y otros organismos públicos, además de integrar recientemente una comisión para la modernización de estructuras institucionales.

El escándalo en la ANDIS generó una fuerte reacción política y mediática, con críticas de la oposición y la sociedad civil, quienes exigieron transparencia y sanciones para los responsables. El Gobierno, por su parte, enfatizó que los cambios buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Además, aclaró que los nuevos cargos no implican remuneraciones adicionales ni atribuciones superiores.

La intervención y los recientes nombramientos se enmarcan en un proceso más amplio de revisión y modernización de organismos descentralizados, impulsado por la actual gestión desde diciembre de 2023. El resultado de la auditoría y las medidas adoptadas podrían tener implicancias significativas para la gestión de políticas públicas en el área de discapacidad en el futuro.