El asesinato de Sebastián Carrillo, militante del Movimiento Evita, sacudió al partido de San Martín este domingo. Carrillo fue ultimado de un disparo en la cara mientras se encontraba en la casa de su novia, en el Barrio Independencia de José León Suárez, en medio de un tiroteo entre bandas vinculadas al narcotráfico. Según relataron fuentes cercanas, el joven no participaba del enfrentamiento y recibió el impacto fatal al acercarse a una ventana para cerrarla durante la balacera.

La familia de su pareja lo trasladó de urgencia a una sala barrial y luego al Hospital Evita, donde se confirmó su fallecimiento. El tirador permanece prófugo y, hasta el momento, no se han encontrado cámaras de seguridad ni testigos dispuestos a declarar, lo que refleja el temor que impera en la zona.

El caso es investigado por la UFI N°5 de San Martín, con apoyo de la DDI local. La violencia narco en el distrito ha ido en aumento, con enfrentamientos frecuentes entre bandas por el control territorial. En la misma semana, otras personas resultaron heridas y dos murieron en hechos similares.

Referentes del Movimiento Evita, entre ellos el ex diputado nacional Leonardo Grosso, expresaron su indignación y exigieron justicia. "La novia de Sebastián llamó al 911. La Policía, que tiene una comisaría a ocho cuadras, nunca llegó. Esto no es un hecho aislado. Estamos hartos de que sea algo habitual. Es necesario que armemos una mesa judicial y política para abordar el problema", declaró Grosso a la prensa.

El trasfondo del crimen aparece ligado a la disputa territorial entre bandas narco en San Martín. En la zona han operado históricamente figuras como “Mameluco” Villalba y, más recientemente, Laura Manuela Gómez, alias “La Gorda Laura”, detenida en agosto tras una serie de allanamientos en Villa Curita. Sin embargo, los investigadores no cuentan con elementos para vincular a su banda con el asesinato de Carrillo.

Familiares, amigos y compañeros de militancia despidieron a Carrillo en el Cementerio Municipal de San Martín y difundieron una carta exigiendo justicia y mayor acción estatal. El caso reaviva el debate sobre la inseguridad y la necesidad de políticas integrales para combatir la violencia narco en el conurbano bonaerense.