El domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas y municipales en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina. Más de 13 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar en 38.788 mesas distribuidas en todo el territorio, en una jornada que definió la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales, así como concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

El voto fue obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que para los mayores de 70 y los jóvenes de 16 y 17 años fue optativo. Aquellos que no concurrieron a las urnas sin una justificación válida deberán enfrentar multas que oscilan entre $50 y $2.000, dependiendo de la reincidencia y la regularización de su situación ante la Junta Electoral. Además, los infractores quedarán registrados y podrían enfrentar restricciones administrativas hasta que regularicen su situación.

La provincia mantuvo el sistema tradicional de boletas partidarias, descartando la implementación de la Boleta Única de Papel utilizada en otros distritos. El Ministerio de Gobierno bonaerense defendió este método, calificándolo como "ágil, robusto y confiable" y destacando la familiaridad del electorado con el mismo.

La veda electoral, que comenzó el viernes 5 a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 21 horas del domingo, restringió actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión previo a la votación. Durante este período, se prohibieron actos proselitistas y la difusión de encuestas, entre otras actividades.

El padrón bonaerense representa el 37% del total nacional, lo que otorga a la provincia un peso determinante en la política argentina. La renovación de bancas en la Legislatura local podría modificar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político de cara a 2027. Además, el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales, que se celebrarán el 26 de octubre, fue una decisión estratégica del gobernador Axel Kicillof, replicada por otras provincias.

Las multas recaudadas por inasistencia al voto serán destinadas al fomento de la educación común en los distritos, según lo establece la normativa vigente. Para quienes no pudieron votar, existe un plazo de 60 días para presentar la justificación correspondiente ante la Junta Electoral y evitar sanciones mayores.

El desarrollo de la jornada electoral fue seguido de cerca por los principales medios, que destacaron la importancia del cumplimiento del deber cívico y el impacto de la elección en la configuración política de la provincia y el país.