La Cámara Uno del Crimen de Río Cuarto absolvió a los dos funcionarios acusados en el caso Solange Musse, un proceso judicial que se convirtió en símbolo de los dilemas éticos y legales surgidos durante la pandemia de Covid-19 en Argentina. Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto, enfrentaban cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por haber impedido el ingreso de Pablo Musse a Córdoba para despedirse de su hija Solange, quien atravesaba la etapa final de un cáncer terminal.

El 16 de agosto de 2020, Musse y su cuñada, Paola Oviedo, intentaron ingresar a la provincia por el retén sanitario de Huinca Renancó. Aunque contaban con permisos de circulación por causa de fuerza mayor, no tenían un test PCR negativo vigente, requisito indispensable en ese momento. Tras realizarles dos test rápidos que arrojaron resultados positivos, fueron escoltados de regreso a Neuquén, sin poder detenerse ni descansar. Cinco días después, Solange falleció en Alta Gracia sin poder reencontrarse con su padre.

Durante el juicio, el fiscal Julio Rivero solicitó un año y seis meses de prisión condicional e inhabilitación para los acusados, argumentando que los protocolos contemplaban excepciones en casos de fuerza mayor y que se vulneraron derechos básicos, especialmente de personas con discapacidad. La querella pidió que la familia Musse fuera reconocida como víctima de violencia institucional y que se colocara una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba. La defensa, por su parte, sostuvo que la decisión fue producto de una estructura jerárquica y de la aplicación estricta de los protocolos vigentes, desligando a los acusados de responsabilidad directa.

El fallo, que absolvió a Andrada por mayoría y a Morales por unanimidad, generó profunda indignación en la familia Musse. Pablo Musse expresó su decepción y anunció que apelará la sentencia, mientras que la madre de Solange remarcó el dolor persistente: "Heridas que siguen sangrando... aunque la justicia alivia, no cierra una herida". El caso reavivó el debate sobre la humanidad y justicia en la aplicación de medidas sanitarias extremas y la responsabilidad de los funcionarios públicos durante la emergencia sanitaria.

Exfuncionarios y testigos defendieron la aplicación estricta de los protocolos, citando el alto riesgo epidemiológico y la ausencia de vacunas en ese momento. Otros admitieron que pudo haberse contemplado una excepción humanitaria. El proceso judicial incluyó testimonios de exministros, médicos y agentes del COE, y expuso la tensión entre la protección de la salud pública y el respeto por los derechos humanos.

El caso Solange Musse deja una huella en la memoria colectiva y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre protocolos sanitarios y humanidad, así como sobre la responsabilidad institucional en situaciones límite. La familia Musse anunció que continuará luchando por justicia y por el reconocimiento de los derechos vulnerados durante la pandemia.