Miguel Alvidez fue condenado a diez años de prisión de cumplimiento efectivo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 de la Ciudad de Buenos Aires, tras ser hallado responsable de una serie de delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ex pareja. El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2024, cuando la víctima, recién operada por una cesárea de urgencia, fue agredida brutalmente, golpeada, asfixiada y amenazada con frases como “Te voy a matar, hija de puta” y “vas a estar peor”.

La violencia escaló cuando Alvidez pidió a su hermano Juan Ramón que le entregara un arma, con la cual volvió a golpear a la víctima. Posteriormente, la encerró en un baño minúsculo y la violó, a pesar de sus pedidos de auxilio. La investigación judicial acreditó que Alvidez poseía una pistola Bersa Thunder 9 mm con 135 municiones sin autorización legal, y que su hermano Juan Ramón le suministró el arma. El calvario continuó cuando la víctima fue llevada a la casa de la hermana del agresor, Marta Elizabeth Alvidez, donde fue retenida y amenazada con un cuchillo.

La víctima logró pedir socorro enviando mensajes a su hermana a través de una aplicación en el televisor, lo que motivó la intervención policial. Sin embargo, la familia Alvidez impidió el rescate y la trasladó a distintos ambientes de la casa y a otro domicilio. Finalmente, fue abandonada en una plaza de Ciudad Oculta, donde logró escapar y refugiarse en la casa de su madre, desde donde realizó la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD).

Durante la investigación, se identificaron domicilios sospechosos en Ciudad Oculta y se realizaron allanamientos donde se incautó el arma de fuego y más de 130 cartuchos. Los hermanos del principal acusado fueron detenidos en esos operativos, mientras que Miguel Alvidez logró eludir a la Policía escapando por los techos. Tras una intensa búsqueda, fue capturado y quedó preso.

En el juicio, la denunciante declaró en ausencia de los acusados para evitar la revictimización, mientras que los imputados presenciaron la audiencia por videoconferencia. El fallo condenatorio detalla que las lesiones de la víctima incluyeron hematomas de hasta 7 centímetros, excoriaciones y contusiones en la cabeza, rostro, brazos, muslo y glúteo, compatibles con golpes y agresiones recientes. Fue asistida en la Clínica Santa Isabel, donde se le aplicó el protocolo de atención integral para víctimas de violencia sexual.

El tribunal valoró especialmente el contexto de violencia de género y la coherencia del testimonio de la víctima, corroborado por pruebas médicas, periciales y testimonios de familiares y profesionales. Se incorporaron al expediente 29 grabaciones de llamadas en las que Alvidez minimizaba los hechos e intentaba presionar a la víctima para que desistiera de la denuncia. En abril de 2024, Alvidez retomó el contacto con la víctima, la amenazó nuevamente exhibiéndole un arma durante una videollamada y luego la abordó en la vía pública, donde le profirió amenazas de muerte. Estas conductas fueron consideradas por el tribunal como delitos de amenazas con armas y amenazas coactivas, agravadas por el uso de armas y el contexto de violencia de género.

En cuanto a la participación de los hermanos, Marta Elizabeth Alvidez fue condenada como coautora de privación ilegítima de la libertad agravada, y recibió una pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo. Juan Ramón Alvidez fue hallado responsable del delito de suministro de arma de fuego, con una condena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El tribunal revocó condenas condicionales previas y unificó las penas. El caso refuerza la importancia de la protección judicial y el acompañamiento psicológico para las víctimas de violencia de género, y marca un precedente en la aplicación de la perspectiva de género en la justicia argentina.