El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a una audiencia pública para debatir la designación del fiscal federal Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina. La medida, impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue formalizada mediante la Resolución 129/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La audiencia pública se realizará el 22 de abril a las 10:00 en la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en Sarmiento 329, piso 11, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proceso permitirá que ciudadanos y organizaciones presenten impugnaciones o adhesiones a la candidatura de Álvarez, en cumplimiento de la Ley 25.246 que regula el funcionamiento de la UIF y promueve la transparencia y la participación ciudadana en la designación de sus autoridades.

Matías Gabriel Álvarez, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor y especialización en Derecho Penal, cuenta con una trayectoria en la investigación de delitos complejos y crimen organizado. Actualmente se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde ha profundizado en el análisis de redes criminales y maniobras de lavado de activos. Su postulación representa un cambio de enfoque respecto a la gestión anterior, encabezada por Paulo Starc, quien renunció a mediados de enero.

La convocatoria a audiencia pública es vista como un paso clave en la reorganización institucional del Ministerio de Justicia y en la estrategia del Gobierno para reforzar la lucha contra el narcotráfico y los circuitos financieros ilícitos. Fuentes judiciales consultadas destacan la seriedad y dedicación de Álvarez, mientras que sectores políticos observan la postulación como parte de una reconfiguración de alianzas internas.

Tras la audiencia, las autoridades tendrán hasta siete días para publicar el informe final, que será difundido en el Boletín Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página web del Ministerio de Justicia. El proceso busca garantizar la transparencia y la legitimidad en la designación de un cargo estratégico para el sistema antilavado argentino.