Dos internos de la Unidad Penitenciaria N°11 de Baradero fueron imputados por estafar a una joven con discapacidad de Rosario, a quien lograron engañar mediante la simulación de una relación sentimental virtual. Según la investigación judicial, la maniobra se extendió entre 2023 y noviembre de 2025, período en el que la víctima transfirió más de 31 millones de pesos a cuentas vinculadas a los acusados y otros destinatarios.

La estafa fue descubierta cuando la madre de la joven notó un importante faltante de dinero en sus ahorros y presentó la denuncia ante el Centro de Justicia Penal de Rosario. La investigación determinó que los acusados, Martín Patane (37) y Alber Martínez (31), ambos alojados en la cárcel de Baradero, utilizaron teléfonos celulares para comunicarse con la víctima a través de WhatsApp y videollamadas. Patane, haciéndose pasar por el novio de la joven, la manipuló emocionalmente y le dio instrucciones precisas para transferir el dinero, prometiendo encuentros en Rosario que nunca se concretaron.

El fiscal Aurelio Cicerchia explicó que el acceso a celulares dentro de la cárcel fue fundamental para que los internos pudieran llevar adelante el fraude. La víctima, que padece retraso madurativo, fue inducida a realizar depósitos a más de doce cuentas, incluyendo la de Martínez, quien recibió más de 12 millones de pesos en los últimos meses de la maniobra.

En la audiencia imputativa, el juez Alejandro Negroni dictó prisión preventiva para Patane por dos años y para Martínez por tres meses, además de prohibir cualquier contacto entre los acusados y la víctima o su familia. La causa fue caratulada como estafa en calidad de coautores.

El caso reavivó el debate sobre el uso de celulares en cárceles bonaerenses, una medida que se implementó durante la pandemia y que, según legisladores, ha facilitado la comisión de delitos desde el interior de los penales. Actualmente, se discute en la Legislatura provincial un proyecto para prohibir completamente los dispositivos móviles en las cárceles y reforzar los controles de seguridad.

La situación generó preocupación en la sociedad y entre las autoridades, quienes buscan fortalecer la protección de personas vulnerables y evitar que se repitan hechos similares en el futuro.