La Justicia de Mendoza avanza en la investigación de una presunta estafa millonaria que involucra al abogado Jorge Iván Yoma y varios de sus socios, acusados de captar fondos de al menos 70 inversores mediante la promesa de una rentabilidad mensual del 2,5% en dólares. Según las denuncias, el grupo ofrecía contratos de mutuo a través de sociedades comerciales, algunas de las cuales serían "fantasmas", y operaba desde oficinas lujosas en el centro de la ciudad.

El esquema, que comenzó a funcionar en 2022, atrajo a numerosos ahorristas que buscaban proteger sus capitales frente a la inestabilidad económica argentina. Inicialmente, los pagos de intereses se realizaban en tiempo y forma, lo que generó confianza y motivó a muchos a reinvertir y aumentar sus aportes. Sin embargo, hacia fines de 2024, los incumplimientos comenzaron a multiplicarse. Las excusas de los responsables variaban desde problemas económicos hasta la devaluación y el cambio de gobierno, pero los retiros de capital se volvieron imposibles.

Las denuncias formales se acumularon entre 2025 y 2026, con pérdidas que superan los 500.000 dólares, aunque algunas fuentes estiman que la cifra podría ser aún mayor. El fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, imputó a Yoma y a sus principales socios, Pablo Falco y Rodrigo López Casado, y continúa reuniendo pruebas, incluyendo peritajes a teléfonos y documentación contable. La investigación también abarca a otros miembros del entorno de Yoma, aunque aún no han sido formalmente imputados.

El caso ha generado un fuerte impacto en la provincia, donde la modalidad de captar inversores con promesas de altos intereses y cortar la cadena de pagos ya ha tenido antecedentes. Las víctimas, muchas de las cuales entregaron ahorros familiares de toda la vida, reclaman justicia y la devolución de su dinero. Por su parte, los acusados se responsabilizan mutuamente y han presentado denuncias cruzadas, complicando aún más el proceso judicial.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones, mientras la Justicia analiza la posibilidad de que existan más damnificados. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los ahorristas frente a esquemas fraudulentos y la necesidad de una mayor regulación y control sobre las inversiones en la provincia de Mendoza.