El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, envió al Senado un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de la propiedad privada en Argentina. La iniciativa, denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", introduce una serie de reformas que abarcan desde los procesos de expropiación y desalojo hasta la regulación de la compra de tierras rurales por extranjeros y el manejo de tierras afectadas por incendios.

Entre los puntos más destacados, el proyecto propone agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, estableciendo un trámite sumarísimo que permitiría la restitución de la propiedad en menos de cinco días. Además, se otorgan mayores facultades a los jueces para identificar ocupantes y se modernizan los sistemas de notificación mediante la incorporación del domicilio electrónico.

En cuanto a la propiedad de tierras rurales, la iniciativa flexibiliza las restricciones para la compra por parte de extranjeros, eliminando los topes generales y manteniendo controles únicamente para empresas estatales extranjeras. El Gobierno sostiene que esta medida busca incentivar la inversión en sectores productivos como el agro, la minería y la energía.

El proyecto también limita la discrecionalidad estatal en los procesos de expropiación, estableciendo criterios objetivos para la determinación del valor de los bienes y actualizando los montos indemnizatorios según la evolución de los precios. Asimismo, se descentraliza el control de la regularización dominial, transfiriendo la potestad a provincias y municipios, y se moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble con la incorporación de la firma digital y una ventanilla única federal.

La reforma a la Ley de Manejo del Fuego elimina restricciones sobre tierras productivas no nativas tras incendios, manteniendo la protección sobre bosques nativos y áreas sensibles. El oficialismo argumenta que estas reformas buscan reducir costos, fomentar la inversión y resolver el déficit habitacional, mientras que sectores opositores expresan preocupación por la posible extranjerización de la tierra y la rapidez en los desalojos.

El debate sobre el proyecto se da en un contexto de tensiones políticas en el Senado, especialmente por la composición de las comisiones y las negociaciones con las provincias para asegurar los votos necesarios. El Gobierno espera que la discusión avance rápidamente tras el receso de Semana Santa, en el marco de una estrategia para recuperar la iniciativa legislativa y consolidar su agenda reformista.