El casamiento de Nicole Pocoví y Federico Marán, celebrado en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, se convirtió en el centro de una fuerte polémica tras la denuncia penal presentada por la Secretaría de Ambiente provincial. El gobierno salteño sostiene que el permiso presentado por los organizadores para realizar la fiesta en el área protegida es falso, con una firma digital apócrifa del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien declaró: “No autoricé nada, ese documento es falso”.

La investigación, ahora en manos de la Fiscalía Penal de Cafayate, busca determinar si hubo falsificación de documentos públicos y si corresponde aplicar una multa millonaria por daños ambientales. El evento, que reunió a entre 110 y más de 200 invitados según distintas fuentes, fue organizado como un "destination wedding" y contó con la presencia de figuras del espectáculo y la moda. La celebración incluyó varios días de actividades y un estricto código de vestimenta, en un entorno natural de alto valor ecológico.

Nicole Pocoví, la novia, se desligó de responsabilidades y apuntó a los organizadores, asegurando que el contrato establecía que ellos debían gestionar todos los permisos necesarios. “Nos confirmaron que el trámite estaba realizado y por nuestra parte no es habitual que el cliente verifique los permisos”, explicó. Por su parte, la familia Soriano, propietaria del predio desde 1965, defendió que el evento se realizó en una finca privada y que se respetaron las leyes vigentes.

Sin embargo, las autoridades provinciales insisten en que, aunque existan propiedades privadas dentro de la reserva, cualquier actividad debe contar con autorización provincial. “De haberse solicitado una habilitación, no se la hubiéramos dado. El decibel de la música y las luces no concuerdan con lo permitido en ese entorno”, advirtió Normando Zuñiga, subsecretario de Política Ambiental de Salta.

El caso ha generado un debate sobre el uso de áreas protegidas para eventos privados y la responsabilidad de los organizadores frente a la normativa ambiental. Mientras la investigación avanza, se espera que la Justicia determine las sanciones correspondientes y siente un precedente para futuros eventos en espacios de alto valor ecológico.