El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa en el centro de la escena política argentina tras recibir el respaldo del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y viajes en vuelos privados a Punta del Este. A pesar de la presión mediática y los cuestionamientos de la oposición, Adorni se mantiene en su cargo y ha convocado a la mesa política de La Libertad Avanza para intentar retomar la iniciativa y dejar atrás el escándalo.

La investigación judicial avanza con la revisión de documentos y testimonios sobre el patrimonio de Adorni y los detalles de sus viajes. El Gobierno, por su parte, prepara la entrega de la documentación solicitada por la justicia y refuerza la imagen del jefe de Gabinete con apariciones públicas junto al presidente y otros funcionarios clave. "Lo están bancando y esperan que pueda superar estos días de turbulencias", señalaron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno capitalizó el reciente fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el caso YPF, que evitó que Argentina deba pagar más de 16.000 millones de dólares. El presidente Milei celebró el resultado como un logro histórico y lo presentó como un ejemplo de la gestión oficialista. "Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible", afirmó en cadena nacional.

Sin embargo, la oposición relativizó el mérito del Gobierno en el fallo y mantuvo sus críticas sobre la transparencia y la gestión de Adorni. El diputado Oscar Zago reiteró su pedido de renuncia del jefe de Gabinete, mientras que Axel Kicillof y otros referentes opositores cuestionaron la interpretación oficialista del caso YPF.

El oficialismo, en tanto, busca consolidar su control en el Congreso y avanzar con reformas legislativas, mientras monitorea el impacto del escándalo en la imagen del Gobierno. El caso Adorni y el fallo de YPF reflejan la alta polarización política y la compleja coyuntura que atraviesa la administración Milei, marcada por desafíos judiciales, económicos y de gobernabilidad.