Un casamiento de alto perfil celebrado en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha generado un escándalo nacional tras la denuncia de que el evento se realizó con un permiso falso. La boda, conocida como "Cafayate Fantasy", reunió a más de un centenar de invitados, entre ellos figuras públicas e influencers, en un entorno natural protegido por leyes ambientales.

Según informaron fuentes oficiales, los organizadores presentaron un documento de autorización que, tras ser revisado por la Secretaría de Ambiente de Salta, resultó ser apócrifo. El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, declaró: “No autoricé nada, ese documento es falso”, y confirmó la radicación de una denuncia penal por falsificación de instrumento público ante la Fiscalía Penal de Cafayate. El documento, fechado el 11 de diciembre de 2025, presentaba errores ortográficos y un formato inusual para la administración pública.

La investigación penal busca determinar quién confeccionó el permiso y cómo fue utilizado para realizar la fiesta en plena área protegida. Paralelamente, la provincia avanza en un expediente administrativo que podría derivar en una multa millonaria, calculada según la ley provincial en hasta el equivalente a 200.000 litros de nafta, independientemente de si se constata daño ambiental.

Nicole Pocovi, la novia, aseguró que alquilaron una propiedad privada y que la gestión de permisos era responsabilidad de los dueños. “Nos confirmaron que el trámite estaba realizado y por nuestra parte no es habitual que el cliente verifique los permisos”, afirmó. Por su parte, Lucía Belén Grajales Soriano, organizadora y propietaria del predio, sostuvo que se respetaron las leyes y que la familia posee la finca desde 1965.

El evento, que incluyó varios días de celebraciones y un código de vestimenta inspirado en la Met Gala, fue calificado por algunos asistentes como “la fiesta del año”. Sin embargo, autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto del volumen de la música y las luces en la fauna local, y recalcaron que no se habría otorgado permiso para un evento de tal magnitud.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de áreas protegidas para eventos privados y la necesidad de controles más estrictos. La causa penal y administrativa sigue en curso, mientras se espera la determinación de responsabilidades y posibles sanciones.