El hallazgo del cuerpo desmembrado de Martín Palacio, chofer de aplicación, ha sacudido a la sociedad argentina en el marco de una investigación por un doble femicidio y secuestro en Córdoba. Las autoridades de Entre Ríos confirmaron que el cadáver, encontrado cerca de Puerto Yeruá, corresponde en un 99% a Palacio, quien había sido contratado por Pablo Laurta, principal sospechoso de los crímenes.

Según la reconstrucción policial, Laurta, ciudadano uruguayo, planificó meticulosamente los asesinatos de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, ocurridos el 11 de octubre en Villa Serrana, Córdoba. El acusado habría entrenado previamente en kayak para cruzar el río Uruguay y utilizó una identidad falsa durante su estadía en Concordia. "Estamos ante una verdadera mente criminal metódica. No se manejó por un mero impulso. Tuvo plena conciencia", afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El itinerario de Laurta incluyó el contacto con Palacio para un viaje que inicialmente tenía como destino Rafaela, Santa Fe, pero fue desviado. Las cámaras de seguridad y el rastreo de teléfonos celulares permitieron a los investigadores reconstruir el trayecto y determinar que Palacio fue asesinado entre General Campos y Estación Yeruá. El auto del chofer apareció incendiado en Córdoba, y el cuerpo mutilado fue hallado días después en Entre Ríos.

Tras cometer el doble femicidio, Laurta secuestró a su hijo de cinco años y huyó, con la intención de regresar a Uruguay en canoa. Fue detenido en Gualeguaychú, donde se encontraba junto al menor, quien está actualmente bajo resguardo y en buen estado de salud. "Todo fue por justicia", declaró Laurta ante la prensa local antes de ser trasladado a Concordia para prestar declaración indagatoria por el homicidio agravado de Palacio.

La investigación judicial avanza con la solicitud de prisión preventiva y el análisis de ADN para confirmar oficialmente la identidad del cuerpo hallado. El caso ha generado una fuerte reacción social y política, con autoridades destacando la coordinación entre las fuerzas policiales de Córdoba y Entre Ríos y la activación del Alerta Sofía para la protección del menor. El desenlace de la causa judicial y el destino del niño quedan ahora en manos de la Justicia, mientras la sociedad exige respuestas y justicia ante la magnitud de los hechos.