Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú tras una intensa búsqueda policial que involucró a fuerzas de Córdoba y Entre Ríos. Laurta está acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba, así como de haber matado al remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos. Además, se le imputa el secuestro de su hijo menor, quien fue rescatado en buen estado de salud.

La investigación judicial sostiene que Laurta habría planificado los crímenes con el objetivo de ocultar el doble femicidio y facilitar su huida. El cuerpo de Palacio fue hallado mutilado en una bolsa en Entre Ríos, y aunque la identificación oficial está pendiente, las autoridades afirman que la coincidencia es del 99%. El auto de la víctima fue incendiado en Córdoba, lo que provocó un incendio forestal y la destrucción de varios vehículos estacionados en la zona.

Laurta se negó a declarar ante la Justicia en Concordia y será trasladado a Córdoba para enfrentar ambas causas. Antes de su detención, había sido denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género y acoso por parte de Giardina, quien había huido de Uruguay a Córdoba para protegerse. Tras los asesinatos, Laurta intentó huir a Uruguay con su hijo, lo que activó el Alerta Sofía y un operativo nacional que permitió su captura.

En el hotel donde fue detenido, la policía encontró un arma de fuego, varios teléfonos celulares, una suma considerable de dinero y la billetera del remisero. Las investigaciones también revelaron que Laurta integraba el grupo "Varones Unidos" en Uruguay, crítico de las políticas de género y defensor de una "masculinidad positiva".

El caso ha generado un fuerte debate público sobre la violencia de género y la respuesta estatal, especialmente ante la desfinanciación de programas de protección a víctimas. Familiares y vecinos de las víctimas identifican a Laurta como responsable directo y denuncian acoso previo. Autoridades policiales y judiciales destacan la planificación metódica de los crímenes y advierten sobre las falencias en la protección judicial y policial ante denuncias de violencia de género. El colectivo "Varones Unidos" utiliza el caso para denunciar supuesta discriminación judicial hacia hombres, mientras el país reflexiona sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.