El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei propone la derogación de la ampliación de la Ley de Zona Fría, que desde 2021 otorga descuentos en la tarifa de gas a millones de usuarios en regiones de bajas temperaturas, especialmente en Mar del Plata y la Patagonia. La iniciativa, incluida en el artículo 72 del presupuesto, busca revertir la extensión del beneficio que incorporó a más de 3 millones de usuarios de provincias como Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Salta, además de las provincias del sur argentino.

El régimen de Zona Fría, creado originalmente en 2002, tenía como objetivo aliviar el costo energético en zonas con climas extremos, donde la calefacción a gas es indispensable. La ampliación de 2021, impulsada por el diputado Máximo Kirchner y el entonces interventor del Enargas, Federico Bernal, permitió que localidades de provincias templadas accedieran a descuentos del 30% y 50% en la factura de gas, beneficiando a hogares, entidades de bien público y comedores comunitarios.

El financiamiento del régimen proviene de un recargo del 7,15% sobre el precio del gas, pagado por todos los consumidores del país. En mayo de 2025, la Secretaría de Energía ya había realizado una quita parcial de subsidios para usuarios con más de un medidor, argumentando que el esquema era regresivo y deficitario.

La propuesta de derogación generó un fuerte rechazo entre dirigentes locales y provinciales. Gustavo Pulti, diputado provincial, advirtió que "quitar los descuentos es encarecer la vida diaria y reducir el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas". Alejandro "Topo" Rodríguez, exdiputado nacional, señaló que "la opción es clara: si el Congreso aprueba el artículo, se eliminan los descuentos; si lo rechaza, siguen vigentes". En la Patagonia, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el diputado Ariel Rauschenberger alertaron sobre el impacto inmediato en las tarifas y la pérdida de derechos adquiridos.

Por su parte, el oficialismo sostiene que la derogación es necesaria para corregir distorsiones y administrar responsablemente los recursos del Estado, argumentando que el beneficio se desvirtuó al extenderse a zonas donde el consumo crítico de gas no es tan elevado.

El debate sobre el futuro de los subsidios se traslada ahora al Congreso, donde se espera una discusión intensa entre los distintos bloques políticos. El resultado de la votación será clave para millones de familias que dependen de estos descuentos para afrontar el costo energético en un contexto de recesión e inflación.