El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló el proceso que había culminado con la destitución de Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión, adoptada por una integración especial del tribunal provincial, responde a la existencia de graves irregularidades constitucionales en el trámite del Jurado de Enjuiciamiento que removió a Goyeneche en mayo de 2022.

La Corte Suprema, en diciembre de 2024, había señalado que el procedimiento estuvo afectado por vicios en la integración del órgano juzgador y del órgano acusador, lo que constituyó un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio. "La gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso", sostuvo el máximo tribunal nacional.

En consecuencia, el STJ entrerriano debió dictar un nuevo fallo, con jueces que no participaron en la sentencia anulada, y declaró la nulidad de todo lo actuado. El proceso debe retrotraerse al momento previo a la conformación del primer órgano juzgador cuestionado, invalidando jurídicamente la destitución de Goyeneche.

La ex fiscal, quien encabezó investigaciones por corrupción que derivaron en la condena del exgobernador Sergio Urribarri, fue restituida en su cargo tras cuatro años de litigio judicial. "Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz", declaró Goyeneche, quien anticipó que continuará con las investigaciones en curso.

El fallo no se pronuncia sobre el fondo de las acusaciones contra Goyeneche, sino que reafirma la necesidad de respetar las garantías constitucionales, incluso en juicios políticos. La destitución de Goyeneche había sido interpretada por sectores judiciales y académicos como una señal disciplinadora hacia quienes investigan al poder político, reabriendo el debate sobre la independencia judicial en Entre Ríos.

La reglamentación del cargo de fiscal anticorrupción sigue pendiente, y el concurso para cubrir la función permanece empantanado. El caso, que trascendió a la persona de Goyeneche, confirma que la Constitución es el marco ineludible para cualquier proceso de naturaleza política y judicial.