El conflicto sindical en la planta de Ternium-Siderar, ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, alcanzó esta semana un punto crítico tras la decisión de la empresa de detener preventivamente el alto horno, medida que afectó la producción y generó preocupación en la comunidad local. La paralización se produjo en el marco de un paro por tiempo indeterminado impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y trabajadores de empresas contratistas, quienes reclaman la reincorporación de más de 220 despedidos, mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

La movilización, que recorrió las calles de San Nicolás y culminó en la Plaza Mitre, contó con la participación de delegaciones sindicales, organizaciones sociales, partidos políticos y vecinos. "No se puede precarizar a los trabajadores de la manera que lo está haciendo Paolo Rocca", denunció Abel Furlán, secretario general de la UOM, quien también criticó la falta de homologación de acuerdos paritarios por parte del gobierno nacional. Los trabajadores sostienen que los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que la negociación salarial lleva más de un año estancada.

Por su parte, Ternium argumentó que la decisión de detener el horno fue tomada por razones de seguridad, debido a que el personal en conflicto es responsable de tareas clave en la planta. La empresa señaló que los pedidos salariales de los contratistas superan ampliamente los aumentos otorgados y que la industria enfrenta un contexto adverso, tanto por la competencia internacional como por la caída de la actividad local.

El conflicto no solo expone la crisis de la industria siderúrgica argentina, sino que también revive tensiones históricas en la región, como las consecuencias de la privatización de Somisa en los años 90. Además, la interna sindical en la UOM y la disputa por la conducción de la CGT añaden complejidad al escenario. El Concejo Deliberante de San Nicolás repudió la actitud de la empresa y advirtió sobre el impacto social y económico que podría tener la prolongación del conflicto.

Mientras tanto, la comunidad local muestra un fuerte respaldo a los trabajadores, conscientes de que el destino de la planta incide directamente en la economía de la ciudad. El desenlace del conflicto permanece incierto, pero las partes advierten que, de no alcanzarse un acuerdo, la situación podría escalar a nivel nacional.