El alto horno de la planta Ternium en San Nicolás, uno de los principales polos siderúrgicos de Argentina, fue paralizado esta semana en el marco de un conflicto gremial que involucra a trabajadores tercerizados y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida, que afecta a unos 7.000 empleos directos e indirectos, se produjo tras la negativa de la empresa a otorgar aumentos salariales acordados en paritarias y la rescisión de contratos con empresas contratistas, lo que derivó en 220 despidos.

La UOM, encabezada por Abel Furlán y Naldo Brunelli, lideró una masiva movilización en el centro de San Nicolás el pasado jueves, exigiendo la reincorporación de los despedidos y la restitución de los contratos. “No vamos a aceptar que Paolo Rocca pague el salario que quiera”, advirtió Furlán ante una multitud, mientras la empresa argumenta que la crisis del sector, la apertura de importaciones y la caída de la demanda hacen insostenible el reclamo salarial.

Ternium, propiedad del Grupo Techint, sostiene que la paralización del alto horno responde a razones de seguridad y a la falta de personal especializado debido al paro. La compañía advirtió que, de no resolverse el conflicto, podría optar por importar acero desde Brasil o China, lo que profundizaría la crisis industrial local. Por su parte, la UOM denuncia que los trabajadores han perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo en la última década y acusa a la empresa de precarización y ajuste.

El conflicto se desarrolla en un contexto de distanciamiento entre Paolo Rocca y el gobierno de Javier Milei, quien impulsó la apertura de importaciones y la reducción de protecciones arancelarias. La situación ha generado preocupación en la comunidad de San Nicolás, donde Ternium es el principal empleador y motor económico. El intendente local y sectores del peronismo han acompañado el reclamo sindical, mientras la empresa insiste en la necesidad de reformas estructurales para recuperar la competitividad.

A medida que la negociación permanece estancada, crece la incertidumbre sobre el futuro de la planta y el impacto en la producción nacional de acero. El desenlace del conflicto podría marcar un punto de inflexión en la política industrial argentina y en la relación entre el sector empresarial, el gobierno y los trabajadores.