A dos años de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, el país atraviesa un momento de intensos debates y transformaciones. La gestión del mandatario, caracterizada por un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales, ha generado tanto apoyos como rechazos en distintos sectores de la sociedad.

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, Milei impulsó un recorte drástico del gasto público, eliminando subsidios, reduciendo el número de ministerios y despidiendo a más de 50.000 empleados estatales. Estas medidas, orientadas a eliminar el déficit fiscal y controlar la inflación, impactaron en áreas sensibles como la educación, la salud y la investigación científica. El presidente defendió su política afirmando que “no hay plata” y que era necesario “destruir el Estado desde dentro” para reencauzar la economía.

El ajuste generó reacciones inmediatas. En abril de 2024, cientos de miles de personas se movilizaron en defensa de la universidad pública, y en 2025 se repitieron protestas por los recortes en hospitales y programas sociales. Sin embargo, Milei logró estabilizar la macroeconomía: la inflación anual descendió del 211% al 30% estimado para 2025, y la economía mostró signos de recuperación, aunque con marcadas desigualdades.

El gobierno también enfrentó escándalos políticos, como la caída de la criptomoneda $Libra, promovida por el propio presidente, y denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. A pesar de estos episodios, Milei recuperó apoyo popular tras la intervención del gobierno de Donald Trump, que facilitó un swap de 20.000 millones de dólares para estabilizar el peso argentino.

En las elecciones legislativas de octubre de 2025, La Libertad Avanza obtuvo el 41% de los votos, consolidando a Milei como figura central de la política argentina. Según el relevamiento de Chequeado, el presidente cumplió o avanzó en la mitad de sus promesas de campaña, superando a sus antecesores en el mismo período.

Analistas políticos destacan que Milei representa una nueva derecha alineada con tendencias globales, aunque sus políticas económicas van a contramano de la corriente internacional. El futuro de su gestión dependerá de la capacidad para mantener la estabilidad y responder a las crecientes demandas sociales, en un contexto de polarización y expectativas cambiantes.