La Justicia Federal de Rosario dictó condenas a 23 integrantes de una organización narcocriminal liderada por Mauro Nahuel Novelino, quien operaba desde prisión con fuerte presencia en Venado Tuerto y el sur de Santa Fe. El proceso, realizado mediante juicios abreviados, culminó el 8 de septiembre de 2025 con penas de hasta 12 años para los miembros de la banda y una condena unificada de 35 años para Novelino, resultado de la acumulación de causas previas por narcotráfico, asociación ilícita y amenazas a autoridades.

La investigación, instruida por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, y el fiscal general Javier Arzubi Calvo, se basó en pruebas extraídas de teléfonos celulares incautados en las celdas de Novelino en cárceles de Salta y Chaco. Los peritajes revelaron más de 140 chats, 11.200 archivos de audio, 35.000 imágenes y 570 videos, que documentaban la coordinación de la compra, estiramiento y distribución de drogas, así como la gestión de armas y municiones. Las comunicaciones diarias entre Novelino y su expareja Lucía Uberti, también condenada a 24 años, evidenciaron el control territorial y la organización de la red, que incluía familiares y allegados.

La banda adquiría drogas y precursores químicos en Córdoba, que luego eran trasladados y procesados en domicilios alquilados en Venado Tuerto. Los miembros recibían instrucciones precisas para la distribución, cobranzas y marcación de domicilios de deudores. El tribunal, presidido por el juez Germán Sutter Schneider, destacó la sincronía y roles diferenciados dentro de la organización, encaminada a la concreción del tráfico de sustancias ilícitas.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, valoró la condena como un mensaje claro contra los privilegios carcelarios y la planificación del delito desde prisión. Chiarella vinculó el fallo con las políticas provinciales para instalar inhibidores de señal y reforzar controles en pabellones de alto perfil, subrayando la importancia de limitar el accionar de organizaciones criminales desde las cárceles.

Con este fallo, la Justicia busca sentar un precedente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, evidenciando la capacidad de las autoridades para desarticular redes complejas que operan incluso desde el encierro. Las condenas abarcan penas de 1 a 17 años para los demás integrantes, según el grado de responsabilidad y antecedentes, y marcan un cambio de paradigma en la respuesta institucional frente al delito.