En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales, el Ejecutivo transfirió el pasado viernes $12.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. Esta decisión se produce tras el reciente veto presidencial a la ley que buscaba distribuir los ATN de manera automática y equitativa entre las provincias, una iniciativa que había sido impulsada por los 24 mandatarios provinciales y aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El monto transferido supera ampliamente los $3.000 millones enviados durante agosto y se da en un contexto de recomposición política, luego de varias derrotas electorales y legislativas sufridas por el oficialismo. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, asumió el cargo con la promesa de "jerarquizar el diálogo con las provincias" y mejorar la relación institucional. "Vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno", declaró Catalán tras jurar en la Casa Rosada.

Las provincias beneficiadas justificaron la recepción de fondos por diversas emergencias: Chaco por emergencia agropecuaria, Misiones por emergencia hídrica, Entre Ríos por desequilibrio financiero y Santa Fe por emergencia climática. Entre Ríos y Chaco, además, mantienen alianzas electorales con La Libertad Avanza, el partido gobernante, lo que ha generado interpretaciones políticas sobre la discrecionalidad de los giros.

En el Congreso, la oposición prepara una ofensiva para insistir con la ley vetada. El Senado definirá este martes si busca rechazar el veto presidencial, lo que requeriría una mayoría agravada de dos tercios. De prosperar, la Cámara de Diputados también debería reunir la misma mayoría para dejar firme la norma. El escenario parlamentario es favorable a la oposición, aunque el Gobierno ha intentado acercar posiciones con algunos gobernadores para evitar nuevas derrotas legislativas.

El vínculo entre Nación y provincias se ha visto afectado por promesas incumplidas, recortes de fondos y la subejecución de partidas presupuestarias. La prórroga del Presupuesto 2023 refuerza la tendencia restrictiva en el envío de recursos, y aún quedan más de $194.000 millones sin asignar en el fondo de ATN. Analistas interpretan los recientes giros como un gesto político en medio de la disputa por el control de los recursos y la proximidad de las elecciones legislativas.

El desenlace de la ofensiva parlamentaria y la evolución de la relación entre el Gobierno y los gobernadores marcarán el rumbo de la política fiscal y federal en los próximos meses.