El Gobierno argentino avanzó formalmente con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que generan más del 7% de la electricidad del país. El Decreto 695/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el 44% del capital accionario de NA-SA será ofrecido a inversores privados mediante licitación pública, mientras que el Estado nacional retendrá el 51% y el 5% restante será distribuido entre los trabajadores de la empresa.

Según el Gobierno, la medida busca asegurar la continuidad de las operaciones de NA-SA de manera eficiente y competitiva, promoviendo la incorporación de capital privado para impulsar nuevos desarrollos, como el primer reactor modular argentino y la minería de uranio. "Resulta imprescindible promover e incrementar la incorporación de inversores privados", señala el decreto, que también remarca la necesidad de nivelar las reglas de juego con otras fuentes de generación eléctrica.

Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas en el sector nuclear y científico. Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), calificó la privatización como "una pérdida inconmensurable" para el país, mientras que trabajadores y técnicos advierten sobre la paralización de proyectos estratégicos, como el reactor modular CAREM y la cuarta central nuclear, que contaba con financiamiento chino. "Decir que era obsoleto o inviable es falso. Teníamos un avance de obra civil del 85% y reconocimiento internacional", sostuvo Serquis.

La política oficial también implica un giro geopolítico, con el abandono de acuerdos con China y una mayor alineación con la agenda nuclear de Estados Unidos. El sector denuncia el vaciamiento y desfinanciamiento de la CNEA, la fuga de profesionales calificados y la pérdida de soberanía tecnológica e industrial. "Las decisiones políticas están poniendo en riesgo la soberanía tecnológica, energética e industrial de nuestro país", advirtieron los trabajadores en una carta dirigida a las autoridades.

El futuro del plan nuclear argentino queda así en entredicho, con interrogantes sobre la continuidad de proyectos, la seguridad jurídica y la capacidad del país para mantener su autonomía en un sector considerado estratégico a nivel global.