El caso de Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y homicidio en Córdoba, ha sacudido a la sociedad argentina por la brutalidad y premeditación de los hechos. Laurta, de 39 años, fue detenido tras asesinar a su expareja Luna Giardina, de 26 años, y a su exsuegra Mariel Zamudio, de 54, además de secuestrar a su hijo menor y ser señalado como responsable del homicidio del remisero Martín Palacio.

Según el relato del taxista que trasladó a Laurta y su hijo desde Córdoba a Entre Ríos, el acusado mostró nerviosismo y realizó comentarios inquietantes durante el viaje, como decirle al niño: “Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá”. El menor, de seis años, sufrió fiebre y vómitos durante el trayecto, pero Laurta rechazó llevarlo a un hospital, priorizando su huida. El viaje culminó en Gualeguaychú, donde Laurta fue detenido en el Hotel Berlín mientras organizaba su traslado hacia Uruguay.

La investigación reveló que Laurta había contratado previamente al remisero Martín Palacio para un viaje a Santa Fe, cuyo cuerpo fue hallado sin cabeza ni brazos en la zona de Puerto Yeruá, y su auto apareció quemado en Córdoba. Las autoridades policiales destacaron la meticulosidad y frialdad del acusado, calificándolo como una "mente criminal metódica". La perfiladora criminal Constanza Lamarque señaló que Laurta presentaba rasgos psicopáticos y que había planeado los crímenes con antelación, evidenciando una personalidad manipuladora y calculadora.

La madre de Laurta, Estrella Laura Laurta, repudió públicamente a su hijo y se ofreció como tutora de su nieto, afirmando: "Es un asesino, y si lo declaran culpable, que le den la máxima pena". También relató episodios de manipulación y aislamiento familiar ejercidos por Laurta, así como antecedentes de violencia y acoso hacia Luna Giardina. Un audio enviado por Luna días antes del crimen revela el temor y la angustia que sentía ante la posibilidad de ser separada de su hijo y la presión ejercida por su expareja.

El caso ha puesto en evidencia las falencias en la protección de víctimas de violencia de género y la necesidad de mejorar los protocolos para identificar perfiles psicopáticos. Las autoridades y especialistas coinciden en que la tragedia expone la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y asistencia, así como de garantizar la seguridad de los menores involucrados. El debate público se centra ahora en la responsabilidad institucional y en la búsqueda de justicia para las víctimas.