El Gobierno nacional atraviesa una de sus semanas más críticas en la previa de las elecciones bonaerenses, tras la filtración de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en presuntos hechos de corrupción relacionados con la compra de medicamentos. La difusión de estos audios, que sugieren pagos de coimas y manejos irregulares, desató una crisis política, judicial y mediática que impacta de lleno en la campaña electoral.

La reacción oficial fue inmediata: el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y solicitó el allanamiento de un canal de streaming y los domicilios de periodistas que difundieron los audios. Esta medida generó una fuerte polémica y derivó en una denuncia contra Bullrich por abuso de autoridad, al tiempo que el juez federal Alejandro Maraniello dictó una cautelar para prohibir la difusión de los audios, decisión que fue ampliamente criticada por especialistas y actores políticos por considerarla una violación a la libertad de prensa y de expresión.

En paralelo, la Fundación Poder Ciudadano pidió ser aceptada como querellante en la causa por corrupción en ANDIS, argumentando que la transparencia es un interés colectivo afectado por estos delitos. La oposición, por su parte, impulsó pedidos de informes y la interpelación de Karina Milei en el Congreso, mientras se multiplican las voces que exigen explicaciones y rechazan la censura judicial.

El escándalo se produce en un contexto de alta tensión interna en el oficialismo, con divisiones entre Karina Milei, Santiago Caputo y Lule Menem, y en medio de episodios de violencia política y desconfianza institucional. La crisis también coincide con la suba del dólar y la preocupación por la baja participación electoral, factores que agravan el clima de incertidumbre.

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei y sus principales referentes insisten en que detrás de la filtración de los audios existe una operación de inteligencia destinada a desestabilizar al oficialismo en la antesala de los comicios. "Estos espías que se disfrazan de periodistas quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley", escribió Milei en redes sociales. Por su parte, la ministra Bullrich prometió ampliar la denuncia y advirtió: "La República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás".

La oposición y organizaciones civiles, en cambio, advierten sobre el riesgo que implica la censura y la persecución judicial a periodistas, y reclaman transparencia y explicaciones por los hechos de corrupción denunciados. "En lugar de denunciar a los corruptos, el gobierno denuncia a los periodistas que denuncian la corrupción", expresó el diputado Leandro Santoro.

El impacto del escándalo en la imagen presidencial y en la campaña electoral bonaerense es significativo. Sondeos internos muestran una caída en la aprobación del Gobierno, mientras la Casa Rosada reconoce que podría perder la elección por varios puntos. El desenlace de la crisis y sus consecuencias políticas y judiciales se mantienen abiertos, en un clima de alta polarización y desconfianza institucional.