El asesinato de Saúl Eduardo De Francesco, un jubilado de 77 años, ha sacudido a la ciudad de Zárate y puesto en el centro de la escena la relación entre delincuencia y fuerzas de seguridad. De Francesco fue hallado muerto con un disparo en la nuca en un descampado de Baradero, tras haber estado desaparecido durante varios días. La investigación, que avanza rápidamente, ya cuenta con cuatro detenidos: Alejo Moreno, ex policía bonaerense y empleado municipal; Florencia Valentini, policía en actividad; y dos cómplices, Lucas Lemos y Néstor Matencio Limache.

Según la reconstrucción judicial, el 17 de septiembre Valentini intentó engañar a la víctima con una falsa invitación a una fiesta, pero De Francesco desconfió y no accedió a abrir la puerta. Horas más tarde, fue interceptado en la calle por tres hombres que lo forzaron a subir a un vehículo, mientras Valentini brindaba apoyo desde otro auto. Posteriormente, la víctima fue trasladada a Baradero, donde fue ejecutada de un disparo en la cabeza. Los acusados regresaron a la casa de De Francesco con la llave sustraída, pero desistieron de entrar al escuchar ruidos.

La investigación se apoya en pericias telefónicas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios de familiares y vecinos. El fiscal Juan Manuel Esperante imputó a los detenidos por homicidio y privación ilegítima de la libertad, mientras se aguardan resultados de peritajes clave para confirmar la ruta de los acusados la noche del crimen. "Parece que los reconoció", señaló una fuente judicial sobre el posible motivo del asesinato.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, especialmente por la implicancia de miembros de las fuerzas de seguridad. La familia de la víctima reclama justicia y destaca la labor de la policía y la fiscalía en el esclarecimiento del hecho. Las autoridades no descartan que la banda haya participado en otros robos en la zona y continúan investigando posibles conexiones.

El crimen de De Francesco no solo representa una tragedia personal, sino que también expone la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la connivencia entre delincuentes y sectores policiales. El proceso judicial buscará establecer responsabilidades y determinar si existen más involucrados en la organización delictiva.