La provincia de Santa Fe ha dado un paso histórico al promulgar una nueva Constitución, la primera reforma integral en más de seis décadas. El proceso, iniciado en julio y culminado con la jura oficial el 12 de septiembre de 2025, involucró a la mayoría de los sectores políticos y se desarrolló en un clima de negociación y consenso, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro y con el acompañamiento crítico del peronismo.

Entre los cambios más significativos se encuentra la habilitación de la reelección del gobernador por un período, lo que permitirá a Pullaro competir nuevamente en 2027. Además, se limita la reelección de legisladores y se elimina la mayoría automática en la Cámara de Diputados, promoviendo una distribución proporcional de bancas y fomentando el diálogo político. La reforma también otorga autonomía plena a los municipios, permitiendo que localidades como Rosario avancen en la elaboración de sus propias cartas orgánicas, una demanda histórica que busca agilizar la toma de decisiones locales.

En el ámbito judicial, la nueva Constitución crea un Ministerio Público autónomo, dividido en funciones de acusación y defensa, y amplía la Corte Suprema de Justicia a siete miembros. Sin embargo, este capítulo generó críticas de sindicatos judiciales, que denunciaron la vulneración de derechos laborales por el traspaso de empleados al nuevo organismo sin opción de permanencia. "A los empleados judiciales en ningún momento se les permitió hacer uso de la opción de pasar a ese nuevo Ministerio Público o continuar perteneciendo al Poder Judicial", expresó el sindicato en un comunicado.

El proceso de reforma fue aprobado por el 75% de los convencionales, con 52 votos a favor y 17 en contra, destacándose la ausencia y oposición de sectores libertarios y "celestes". El acuerdo político entre Pullaro y su antecesor, Omar Perotti, fue fundamental para alcanzar el consenso necesario, en un contexto nacional marcado por la polarización y la desconfianza hacia la dirigencia política.

La nueva Constitución también establece la necesidad de dictar nuevas leyes de coparticipación y régimen municipal antes de septiembre de 2027, actualizando normas vigentes desde 1975 y 1939, respectivamente. El oficialismo celebra el proceso como un triunfo del consenso y la madurez política, mientras la oposición peronista destaca la ampliación de derechos y la necesidad de seguir trabajando en aspectos pendientes. La reforma representa un avance institucional para Santa Fe, aunque deja desafíos en materia de derechos laborales y la implementación de leyes complementarias que serán debatidas en los próximos años.