El Gobierno argentino derogó la resolución conjunta 118/2012, que durante 14 años estableció criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes farmacéuticas. La medida, formalizada por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), busca alinear el sistema local con los estándares internacionales y facilitar la llegada de nuevas terapias y tecnologías al país.

Según el Gobierno, la normativa anterior dificultaba la obtención de patentes y desincentivaba la innovación, al tiempo que limitaba la entrada de medicamentos innovadores al mercado argentino. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó que la derogación representa "una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual" y que el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley argentina y sin restricciones adicionales.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a laboratorios extranjeros, celebró la decisión y la consideró un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación y el desarrollo en salud. Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y Cooperala, que representan a laboratorios nacionales, manifestaron su preocupación por el posible impacto negativo en la competencia y el acceso a medicamentos más económicos. Advirtieron sobre el riesgo de que la flexibilización facilite prácticas de "evergreening", mediante las cuales se extiende artificialmente la protección de patentes y se obstaculiza la entrada de genéricos y biosimilares.

Estudios citados por CILFA y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) estiman que la competencia de medicamentos genéricos permitió ahorros de hasta 3.321 millones de dólares anuales entre 2021 y 2025. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la concentración del mercado y la integración vertical en la distribución son los principales factores detrás de los altos precios, y que la reforma fomentará la innovación y la llegada de nuevos actores.

La derogación de la normativa se produce en el marco de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que instó a la Argentina a actualizar su régimen de propiedad intelectual. El nuevo esquema legal mantiene la protección de los medicamentos ya comercializados y otorga mayor flexibilidad para la evaluación de futuras patentes, con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer la integración del país en cadenas globales de valor.

El debate sobre el impacto real de la medida continúa abierto, con posiciones encontradas entre los distintos actores del sector. Mientras algunos celebran la modernización del sistema de patentes, otros advierten sobre los riesgos para la competencia y el acceso a tratamientos asequibles. El futuro del mercado farmacéutico argentino dependerá de la implementación efectiva de la nueva normativa y de la capacidad de las autoridades para equilibrar innovación, competencia y acceso a la salud.