La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ha dejado a cientos de miles de afiliados en una situación de extrema vulnerabilidad sanitaria. Con una deuda que supera los 200.000 millones de pesos y estimaciones que la sitúan cerca de los 300.000 millones, la entidad enfrenta su momento más crítico, marcado por la interrupción de prestaciones, la falta de medicamentos y la incertidumbre sobre el futuro de la cobertura médica para militares, retirados y sus familias.

En los últimos meses, la situación se agravó notablemente. Afiliados de distintas provincias, como Mendoza, Chaco y Buenos Aires, han denunciado públicamente la suspensión de servicios médicos y la imposibilidad de acceder a tratamientos esenciales. "En dos remedios gastamos lo que cobramos en un mes", relató una afiliada mendocina, mientras que en Mar del Plata decenas de personas se manifestaron frente a la sede local de IOSFA tras el corte de servicios por parte de un sanatorio privado debido a una deuda de 800 millones de pesos.

La crisis financiera de IOSFA se refleja también en los testimonios de prestadores médicos, quienes aseguran que las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de la atención. "Me deben 350 millones de pesos, sostuvimos la obra social, mantuvimos las prestaciones, ¿quién va a pagar?", expresó la directora de un centro de diagnóstico en Buenos Aires. En Chaco, aunque las internaciones no están suspendidas, los pagos a clínicas y sanatorios presentan demoras de hasta 50 días, lo que genera incertidumbre y amenaza con futuras interrupciones.

El Gobierno nacional dispuso la disolución de IOSFA y la creación de dos nuevas entidades para cubrir a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Federales de Seguridad. Sin embargo, la transición es incierta y los afiliados continúan enfrentando dificultades para acceder a la atención médica. La auditoría interna reveló que la deuda de IOSFA creció de 44.000 a 210.000 millones de pesos en apenas un año y medio, mientras que los costos de medicamentos y prestaciones aumentaron muy por encima de los salarios de los afiliados.

En este contexto, la diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa Luis Petri, acusándolo de malversación de fondos públicos y abandono de persona. La denuncia sostiene que la crisis financiera de IOSFA tuvo consecuencias directas en la salud de miles de afiliados, con cortes de prestaciones, interrupciones de tratamientos y demoras en reintegros.

Mientras tanto, el futuro de la cobertura médica para los 550.000 afiliados de IOSFA sigue siendo incierto. El Gobierno promete reorganización y sostenibilidad, pero aún no hay respuestas claras sobre el pago de la deuda ni sobre cómo se garantizará la atención médica en el corto plazo. La situación ha generado una ola de reclamos, protestas y judicialización, reflejando la magnitud de la crisis en una de las obras sociales más importantes del país.