El Gobierno argentino derogó la resolución de 2012 que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos, en una decisión que marca un giro en la política de propiedad intelectual del país. La medida, formalizada a través de una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), elimina los requisitos técnicos adicionales que dificultaban la obtención de patentes farmacéuticas y alinea el sistema local con los estándares internacionales.

Según el texto oficial, el objetivo es facilitar la llegada de nuevas terapias, atraer inversiones y promover la innovación en el sector. "El sistema de patentes farmacéuticas se moderniza para garantizar el acceso a mejores tratamientos", afirmó el Ministerio de Desregulación. El INPI será el encargado de analizar cada solicitud de patente de manera individual, centrando el análisis en los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, sin restricciones adicionales.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a laboratorios extranjeros, celebró la medida como "un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación y el desarrollo". Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó su preocupación por el posible avance de monopolios y el encarecimiento de medicamentos, advirtiendo sobre el uso de patentes de "evergreening" para extender artificialmente la protección de productos ya existentes.

El Gobierno aclaró que la protección de patentes no será retroactiva, por lo que los medicamentos ya comercializados no serán afectados y seguirán disponibles para los pacientes. Además, se destacó que la reforma coloca a Argentina en sintonía con países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, facilitando la integración en cadenas globales de valor.

Expertos y representantes del sector advierten que el impacto en los precios y la competencia dependerá de la implementación de la nueva normativa y del rol del INPI en la evaluación rigurosa de las solicitudes. Mientras tanto, el debate entre innovación y acceso a medicamentos continúa abierto, con posiciones encontradas entre laboratorios nacionales y extranjeros. El proceso de adaptación al nuevo marco legal será clave para determinar sus efectos en el sistema de salud y en la industria farmacéutica argentina.