El Gobierno argentino derogó la resolución 118/2012, que durante más de una década restringió el patentamiento de medicamentos y biotecnológicos en el país. La medida, oficializada por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), busca alinear el sistema local con los estándares internacionales y responde a demandas de socios comerciales como Estados Unidos.

A partir de ahora, el INPI evaluará cada solicitud de patente de manera individual, sin los condicionamientos técnicos que imponía la normativa anterior. Según el Gobierno, esta reforma facilitará la llegada de nuevas terapias, fortalecerá la seguridad jurídica y promoverá la inversión en investigación y desarrollo dentro del sector farmacéutico. "Argentina vuelve al mundo", celebró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien destacó que la decisión representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual.

La nueva reglamentación incluye un mecanismo de protección para los medicamentos que ya están siendo comercializados en el país: los titulares de patentes no podrán impedir su venta ni reclamar compensaciones económicas por productos que ya se encuentren en el mercado. Esta disposición, conocida como "puerto seguro", busca preservar la estabilidad del sector y evitar conflictos legales inmediatos.

El cambio fue recibido con entusiasmo por funcionarios y sectores internacionales, que lo ven como un paso hacia la modernización y la integración de Argentina en las cadenas globales de innovación. Sin embargo, laboratorios nacionales y especialistas advierten que la medida podría afectar la producción local y abrir la puerta a cuestionamientos legales sobre los derechos de los titulares de patentes.

La resolución de 2012 había sido implementada durante el kirchnerismo para proteger la industria farmacéutica nacional y facilitar la producción de medicamentos genéricos. Su derogación marca un giro en la política de innovación y propiedad intelectual, en línea con la agenda de desregulación y apertura económica del actual gobierno. Las implicaciones prácticas de la reforma requerirán un seguimiento estrecho, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la protección de la innovación y el acceso a medicamentos.