El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires atraviesan una etapa crítica de negociaciones en torno al Presupuesto 2026, con el foco puesto en la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con CABA. El PRO, principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, condiciona su apoyo al proyecto a la inclusión explícita de partidas para saldar la deuda, estimada en $274.000 millones, generada por demoras en las transferencias del 1,55% de la masa coparticipable, tal como lo ordenó la Corte Suprema.

En las últimas semanas, equipos técnicos de ambas administraciones han mantenido reuniones para acercar posiciones. Por parte de la Nación, la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez, lidera las negociaciones, mientras que la Ciudad está representada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo. "Como toda obligación de pagar, tiene que estar en el Presupuesto", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también transmitió este reclamo a los diputados y senadores del PRO.

El conflicto tiene raíces en la decisión del gobierno de Alberto Fernández en 2020 de reducir el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad, pasando del 3,5% al 1,4%, con el argumento de transferir recursos a la provincia de Buenos Aires. La medida fue llevada a la Corte Suprema, que en 2022 falló a favor de la Ciudad y ordenó la restitución del 2,95% mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, la deuda continúa sin saldarse y la Ciudad reclama, además, el reintegro de USD 6.000 millones.

En paralelo, la Legislatura porteña debate su propio Presupuesto 2026, con objeciones de La Libertad Avanza, que exige modificaciones impositivas. El oficialismo local, liderado por el PRO, necesita el apoyo de libertarios y otros bloques para aprobar la "ley de leyes". "Está encaminado, pero hay que esperar hasta último momento", señalaron fuentes porteñas.

El desenlace de estas negociaciones será determinante para la aprobación tanto del Presupuesto nacional como del porteño. Mientras tanto, las tensiones políticas entre Nación y Ciudad se mantienen, con impacto directo en el Congreso y la Legislatura. El resultado de este proceso podría definir el equilibrio de poder y la viabilidad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional en los próximos meses.