El presidente Javier Milei designó al teniente general Carlos Presti, jefe del Ejército, como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri. La decisión, inédita desde el retorno de la democracia, generó un amplio debate en el ámbito político y militar sobre el rol de los uniformados en la conducción de la cartera.

La llegada de Presti responde a una estrategia de alineamiento con Estados Unidos y a la intención de revalorizar a las Fuerzas Armadas, según fuentes oficiales. Sin embargo, la medida fue calificada como "audaz" y "sorpresiva" por Oscar Aguad, exministro de Defensa, quien advirtió sobre la posible confusión de roles entre la conducción política y militar. "Una cosa es la política de defensa y otra la administración del aparato militar. ¿Cómo hacer para que no se confundan en una sola persona?", planteó Aguad en declaraciones radiales.

Entre los desafíos inmediatos que enfrentará Presti se encuentran la crisis salarial del personal militar y la situación crítica de la obra social IOSFA, que arrastra una deuda histórica. Además, deberá abordar la crisis en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la falta de contratos en el programa Pampa, así como el soporte a la flota de Hércules C-130.

El nombramiento también reavivó el debate sobre la necesidad de modificar la ley de Defensa, vigente desde la gestión de Raúl Alfonsín, para adaptarla a los nuevos desafíos de seguridad y defensa. "Sin políticas de largo plazo, no hay posibilidades de que el país avance", sostuvo Aguad.

Sectores políticos y sociales expresaron preocupación por lo que consideran un "retroceso" en la conducción civil de la defensa y advirtieron sobre el riesgo de un uso partidario de las Fuerzas Armadas. Otros, en cambio, ven la designación como una oportunidad para modernizar y jerarquizar el sector.

El futuro de la gobernanza de la obra social militar y la definición del estatus de Presti —si debe pasar a retiro o no— serán temas de debate en los próximos días. La decisión de Milei marca un punto de inflexión en la política de defensa argentina y podría tener implicancias duraderas en la relación entre el poder civil y militar.