Un tribunal de la provincia de Neuquén condenó este jueves a 12 exfuncionarios y empleados públicos por el delito de administración fraudulenta agravada, tras comprobarse el desvío de más de 1.200 millones de pesos destinados a planes sociales. La maniobra, que se extendió entre 2020 y 2022, consistió en la extracción de fondos mediante tarjetas de débito y cheques de Desarrollo Social, que luego eran utilizados para financiar ilegalmente al Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido que gobernó la provincia durante seis décadas.

Las penas impuestas varían entre tres y cinco años de prisión, siendo ocho de los condenados sentenciados a prisión efectiva y cuatro a prisión condicional. Además, todos recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entre los principales condenados figuran Orlando Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; y Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial, quienes recibieron las penas más altas.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, fundamentó su decisión en la gravedad y extensión de la maniobra, así como en el perjuicio ocasionado tanto al Estado como a los beneficiarios de los planes sociales. "No podemos minimizar el impacto económico; son 1.200 millones de pesos y para este tribunal de ninguna manera es insignificante", afirmó el juez Kees durante la lectura del fallo.

La Fiscalía de Estado anunció que apelará la sentencia, buscando que se considere la figura de asociación ilícita y se impongan penas más severas. El fallo aún no está firme y se prevén impugnaciones por parte de las defensas. El caso se diferencia de antecedentes como el de Temux, donde la impunidad prevaleció debido a condiciones políticas y estructurales que, según el tribunal, han comenzado a cambiar tras la alternancia política de 2023 y la implementación de nuevas normativas judiciales.

El proceso judicial fue seguido de cerca por la sociedad neuquina y es considerado un avance en la lucha contra la corrupción política en la provincia. Sin embargo, persisten desafíos en la ejecución de las penas y en la recuperación de los fondos desviados, mientras la Fiscalía de Estado continúa acciones civiles para resarcir el daño al erario público.