El Gobierno nacional oficializó un aumento de hasta el 20% en las tarifas de peaje de rutas y autopistas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., medida que comenzará a regir a partir del jueves 26 de febrero de 2026. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 248/2026, se enmarca en el proceso de privatización de la compañía y afecta a los principales corredores viales del país.

Según la nueva disposición, la tarifa mínima para automóviles particulares se eleva a $1.500 en la mayoría de los tramos, mientras que los vehículos de mayor porte, como camiones, deberán abonar hasta $7.500. En la Autopista Riccheri, por ejemplo, los autos pagarán entre $1.300 y $1.500 según el horario, y las motocicletas entre $650 y $750. El esquema de incrementos es progresivo y varía según la cantidad de ejes y el tamaño del vehículo.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del descuento diferencial para usuarios del sistema TelePASE, que ahora abonarán el mismo monto que quienes pagan en efectivo, sin distinción horaria en la mayoría de los tramos. Esta modificación busca unificar el sistema de cobro y simplificar la operatoria en las estaciones de peaje.

El aumento fue solicitado por la concesionaria y aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad tras el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas. La medida impacta en rutas estratégicas como la 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, así como en las autopistas Buenos Aires-Rosario, Rosario-Córdoba, Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Además, el Gobierno planea duplicar la cantidad de cabinas de peaje en algunos tramos, anticipando la futura gestión privada.

El contexto de la medida está marcado por la aceleración del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha manifestado su intención de adjudicar la Red Federal de Concesiones antes de mayo y ha presionado para que se cumplan los plazos, advirtiendo sobre posibles cambios en el área de Transporte si no se avanza con la licitación.

Hasta hace poco, los aumentos de peaje estaban condicionados a la mejora de la infraestructura vial bajo la premisa de "bache cero". Sin embargo, la nueva resolución deja de lado esa exigencia, priorizando la actualización tarifaria para garantizar la rentabilidad de las concesiones y atraer inversiones privadas. Esta decisión ha generado preocupación entre usuarios y sindicatos, que advierten sobre el impacto en el costo del transporte y la calidad del servicio, mientras que el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.