El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana decisiva en el Congreso, donde se debatirán proyectos clave como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. El Senado se prepara para votar estas iniciativas, mientras la oposición y los sindicatos intensifican sus críticas y anuncian protestas.

El jueves, la Cámara alta tratará la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una medida impulsada por el oficialismo para endurecer la política de seguridad. El viernes, se espera la votación de la reforma laboral, que busca flexibilizar las condiciones de empleo y reducir el ausentismo, tras la eliminación del polémico artículo sobre licencias médicas. La CGT y otros gremios han anunciado movilizaciones y recursos judiciales para frenar la ley, argumentando que vulnera derechos laborales.

En paralelo, el cierre de la fábrica de neumáticos Fate en Virreyes, San Fernando, dejó a más de 900 trabajadores en vilo. La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano no logró destrabar el conflicto, y la empresa mantiene su decisión de cesar actividades. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que las empresas deberán adaptarse a competir con productos importados, mientras dirigentes sindicales advierten sobre el impacto social de los despidos.

En el ámbito económico, el gobierno colocó exitosamente el Bonar 2027, captando US$ 150 millones a una tasa del 5,89% anual, en un intento por fortalecer las reservas y enfrentar pagos de deuda. El oficialismo también avanza con alianzas parlamentarias, tras la ruptura de senadores peronistas que se alinearon con La Libertad Avanza.

La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por irregularidades contables, mientras la entidad suspendió la fecha 9 del torneo Apertura en medio de citaciones judiciales a sus autoridades.

El presidente Milei y funcionarios defienden las reformas como necesarias para el crecimiento y la estabilidad, aunque reconocen las dificultades que atraviesan sectores industriales. Por su parte, la CGT y la oposición advierten sobre el deterioro del empleo y preparan acciones legales y protestas. El debate sobre el rumbo económico y social del país se intensifica, en un contexto de alta conflictividad y expectativas por la recuperación.