El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela ha sacudido a la sociedad argentina, revelando una trama de violencia narco, explotación sexual y desprotección social. Las tres jóvenes, de 15 y 20 años, desaparecieron el 19 de septiembre tras ser vistas en la zona de Flores, donde trabajaban en la economía informal y el circuito del trabajo sexual. Sus cuerpos fueron hallados días después, evidenciando torturas y violencia extrema.

La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas, ha logrado la detención de nueve personas, entre ellas miembros de bandas narco y familiares de los principales sospechosos, como "Pequeño J". Las pruebas incluyen grabaciones de cámaras de seguridad que muestran reuniones previas entre los autores materiales y vehículos utilizados en el crimen. El caso está vinculado a disputas entre bandas de narcotraficantes y explotación sexual, con antecedentes de denuncias ignoradas por las autoridades.

Javier Baños, abogado de la familia de Brenda, sostiene que el crimen "lleva un sello mafioso y está vinculado a una guerra abierta entre bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio". Baños reclama la intervención federal, argumentando que la magnitud de las redes criminales excede la capacidad de la fiscalía local. Las autopsias confirmaron que las jóvenes sufrieron torturas y heridas mortales, en un contexto de ajuste de cuentas narco y conflictos internos por bienes y dinero.

El entorno de las víctimas estaba marcado por la pobreza, la exclusión y la migración entre ferias, trabajo sexual y circuitos informales. Vecinos y familiares realizaron múltiples denuncias por trata y explotación sexual, pero la respuesta estatal fue insuficiente. El caso ha generado protestas y cortes de ruta por parte de las familias, que exigen justicia y mayor protección para los jóvenes vulnerables.

El fenómeno narco en el Área Metropolitana de Buenos Aires se caracteriza por células familiares y jóvenes involucrados en delitos graves, con la droga "tussi" y la violencia como elementos centrales. Funcionarios reconocen la gravedad del caso, pero la investigación enfrenta obstáculos burocráticos y falta de coordinación. El triple femicidio plantea un debate urgente sobre la violencia de género, la criminalidad organizada y la exclusión social en Argentina, evidenciando la necesidad de reformas profundas en la protección de menores y la lucha contra la trata de personas.