El Gobierno argentino avanza en una ambiciosa reforma del sector eléctrico, orientada a reducir la intervención estatal y promover la libre contratación entre privados. El proceso, formalizado a través del Decreto 450/2025 y diversas resoluciones, establece un período de transición de 24 meses que culminará a mediados de 2027, en plena campaña presidencial.

La reforma implica una drástica reducción del rol de Cammesa, la empresa estatal que administra el Mercado Eléctrico Mayorista, y la eliminación progresiva de subsidios. El objetivo es que los precios de la energía reflejen los costos reales de generación y transporte, permitiendo que productores, generadoras, transportistas y distribuidoras negocien contratos de compraventa sin la intermediación estatal. "El gobierno pretende avanzar en la reforma que les permita a los privados firmar contratos de compraventa de energía sin la intervención estatal", señalaron fuentes del sector a El Destape.

La Secretaría de Energía oficializó nuevos precios mayoristas para septiembre y octubre de 2025, manteniendo bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos. Para los grandes usuarios industriales, la reforma implica la obligación de negociar contratos bilaterales, lo que los expone a una mayor volatilidad de precios. Las distribuidoras deberán cubrir al menos el 75% de su demanda mediante contratos a mediano plazo en el Mercado a Término (MAT), garantizando previsibilidad en el abastecimiento.

Según un informe de Fitch Ratings, la liberalización podría fortalecer los perfiles crediticios de las generadoras y favorecer inversiones en capacidad eficiente. Sin embargo, advierte que la sostenibilidad del modelo dependerá de la evolución de las tarifas y de la capacidad de las distribuidoras para trasladar los costos a los usuarios finales. "El proceso introduce nuevas variables de riesgo y oportunidad para el sector", señala el reporte.

Desde el sector privado, ejecutivos de empresas renovables consideran que la reforma representa una oportunidad, pero insisten en la necesidad de reglas claras, estabilidad jurídica y financiamiento internacional para que las inversiones se materialicen. Además, advierten sobre cuellos de botella en la infraestructura de transmisión y la importancia de adaptar la demanda industrial a las nuevas condiciones del mercado.

El plan prevé mantener el Plan Gas, política de Estado desde 2013, hasta 2028 para garantizar el abastecimiento y precios fijos en gas natural. La reforma, enmarcada en la Ley Bases y la emergencia energética y económica, busca modernizar el sistema eléctrico argentino y acercarlo a modelos más competitivos y transparentes de la región.