Una organización dedicada a estafas masivas en la venta de autos y motos fue desarticulada este martes en Córdoba, tras una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. El operativo, ejecutado por el Departamento Delitos Económicos, incluyó 25 allanamientos en domicilios de Córdoba capital, Villa Carlos Paz y Alta Gracia, y resultó en la detención de 16 personas acusadas de asociación ilícita y defraudación.

La investigación, que acumula más de 200 denuncias, señala que los imputados operaban a través de siete concesionarias falsas: Alpha Motors, Go Max, Giorgetto, Genoa, Sigma, Conut y Génesis. Estas empresas ofrecían vehículos en condiciones aparentemente imperdibles, como cuotas bajas, entrega inmediata y precios por debajo del mercado. Sin embargo, tras recibir pagos totales o parciales, los autos y motos nunca eran entregados a los compradores. "Muchos damnificados abonaron hasta el 100% del valor sin recibir ni siquiera documentación", señalaron fuentes judiciales.

Durante los procedimientos, se secuestraron vehículos de alta gama, motocicletas, una importante suma de dinero en pesos y dólares, teléfonos celulares, computadoras y abundante documentación que vincula a los detenidos con las operatorias fraudulentas. También se incautaron llaves de autos que coinciden con modelos prometidos a los damnificados.

La causa se inició por denuncias individuales y una presentación colectiva de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, que había clausurado algunas de las concesionarias en septiembre tras recibir decenas de quejas. La abogada Marcela Méndez, representante de víctimas, confirmó que las maniobras afectaron a más de 200 personas, muchas de ellas trabajadores que entregaron sus ahorros para adquirir un vehículo que nunca recibieron. "El impacto social es enorme, hay familias que perdieron todo y casos de personas que sufrieron graves consecuencias emocionales", afirmó Méndez.

Las autoridades recomiendan denunciar cualquier operación sospechosa y verificar la existencia real de las concesionarias antes de realizar pagos. La investigación está en etapa inicial y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas. El fiscal Gavier destacó la complejidad de la maniobra, que operaba desde hace al menos tres años y generó un perjuicio económico estimado en cientos de millones de pesos. Los investigadores trabajan ahora en identificar el destino final del dinero recaudado y eventuales cuentas bancarias o criptoactivos. Se espera que, tras las detenciones, más damnificados se animen a denunciar.