El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, concretó la apertura de sobres para la concesión de la denominada "Ruta del Mercosur", un corredor vial de 741 kilómetros que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, incluyendo el puente Rosario-Victoria. El acto, realizado el 8 de octubre de 2025, marca el inicio de un ambicioso plan de privatización de rutas nacionales, con la participación de siete empresas constructoras, muchas de ellas históricas y con antecedentes en la obra pública nacional.

La licitación, que abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174, fue presentada como un modelo de gestión privada, donde las empresas adjudicatarias invertirán en obras y recuperarán su inversión mediante el cobro de peajes. Sin embargo, el proceso incluyó un giro inesperado: el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ofreció créditos por hasta $56.000 millones, cubriendo el 70% de la inversión necesaria, contradiciendo el discurso oficial de autofinanciamiento privado y reducción del gasto estatal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacaron la importancia de la iniciativa, subrayando que el sector privado asumirá la administración y el mantenimiento de las rutas, lo que generará eficiencia y ahorro fiscal. "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", afirmó Caputo en redes sociales. Por su parte, el BICE justificó el financiamiento en el superávit fiscal y la necesidad de reactivar obras viales consideradas estructurales para la economía y la logística nacional.

El proceso de adjudicación priorizará las ofertas con tarifas de peaje más bajas y mejores condiciones de transitabilidad, con contratos que podrán extenderse entre 20 y 30 años. El esquema prevé la sustitución de la gestión pública de Corredores Viales S.A. y la ampliación de la red privatizada a más de 9.000 kilómetros en futuras etapas.

La decisión de ofrecer financiamiento estatal generó sorpresa y críticas en el sector, ya que representa un giro pragmático respecto al discurso libertario de Milei, que había prometido eliminar la obra pública y reducir el rol del Estado. Constructores y representantes de la Cámara Argentina de la Construcción señalaron que la falta de alternativas privadas obligó a recurrir al crédito estatal, mientras que sectores políticos y empresariales cuestionaron la reincorporación de empresas históricas, muchas de ellas involucradas en causas judiciales.

El avance de la privatización de rutas nacionales se da en un contexto de deterioro de la infraestructura vial y presión de intendentes y gobernadores por la reactivación de obras. El resultado final de la licitación y la implementación del nuevo modelo serán claves para evaluar el impacto en la conectividad, la economía y el futuro de la obra pública en Argentina.