Dos internas fallecieron en la madrugada del 20 de diciembre de 2025 tras un incendio en la cárcel de Bouwer, Córdoba, un hecho que ha generado fuertes reclamos de justicia y cuestionamientos sobre la responsabilidad estatal. Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 37, murieron luego de que se desatara un fuego en la celda que compartían. Según la investigación oficial, el incendio habría sido intencional, aunque aún no se ha determinado quién lo inició.

Pedraza había sido trasladada al penal de Bouwer apenas unas horas antes del incidente, mientras que Ramallo llevaba más tiempo alojada en la celda. La joven falleció en el lugar, mientras que Ramallo murió tras ser trasladada al Instituto del Quemado de Córdoba debido a la gravedad de sus heridas. La familia de Pedraza, representada por el abogado Diego Casado, sostiene que hubo graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario, incluyendo demoras en la apertura de las puertas y la evacuación prioritaria de otras internas.

La madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, ha solicitado ser reconocida como querellante particular y exige que se investigue la posible responsabilidad del Estado provincial. "El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad", afirmó Romero en su presentación judicial. Además, la querella denuncia la presencia de colchones inflamables, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos como factores que contribuyeron a la tragedia.

El caso también ha puesto en la mira la posibilidad de encubrimiento, ya que se investiga si agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos. La familia de Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de la investigación judicial.

Este episodio reaviva el debate sobre las condiciones de detención y la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario argentino. Mientras la investigación avanza, la familia de las víctimas insiste en que se esclarezcan los hechos y se asuman las responsabilidades correspondientes.