La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, en una sesión marcada por intensas negociaciones y divisiones entre los gobernadores. El proyecto, impulsado por los mandatarios provinciales y con media sanción previa en el Senado, obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para blindar la norma ante un eventual veto presidencial.

La iniciativa elimina la discrecionalidad política en la distribución de los ATN, un fondo que este año representa cerca de $1 billón, y establece un mecanismo automático de reparto según la ley de coparticipación. De acuerdo con la nueva normativa, el 58,8% de los fondos se distribuirá entre las provincias y el 41,2% quedará en manos de la Nación. "Son recursos que ya les pertenecen a las provincias", remarcaron los gobernadores, quienes estiman que el impacto fiscal equivale al 0,03% del PBI.

El debate expuso la fractura de la unidad entre los gobernadores, que inicialmente respaldaron la propuesta pero luego se dividieron por acuerdos electorales y negociaciones con la Casa Rosada. Mandatarios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA) ordenaron a sus legisladores votar en contra, mientras que otros, como Ignacio Torres (Chubut), optaron por la abstención. El oficialismo presentó un dictamen de minoría que mantenía la discrecionalidad para emergencias, pero no prosperó.

Además, la ley afecta la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos, aumentando los fondos para las provincias y reduciendo la participación del Tesoro Nacional. El presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma, lo que abre un nuevo capítulo de conflicto institucional y negociaciones en el Congreso. "La discusión en el Consejo Federal de Inversiones para tratar el veto romperá la unidad de los gobernadores definitivamente", advirtió un diputado opositor.

La aprobación de la ley se da en un contexto de tensiones fiscales y políticas, con los gobernadores reclamando mayor transparencia y equidad en el reparto de fondos nacionales. El futuro de la norma dependerá de las próximas negociaciones y del tratamiento del veto presidencial, en medio de la preparación del Presupuesto 2026 y otros proyectos clave para las provincias.