El fiscal federal de Rosario, Javier Arzubi Calvo, denunció haber sido víctima de un robo en su casa de descanso en Pinamar, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió cuando desconocidos ingresaron a la vivienda, ubicada en la calle Del Buen Orden, tras violentar una ventana del patio trasero. Según la denuncia, los intrusos sustrajeron una pistola Glock calibre .40 y una billetera con documentación personal, a pesar de que la alarma de la casa estaba activada.

El episodio fue descubierto por el propio fiscal al regresar a su domicilio, donde se encontró con la presencia de patrulleros de la Policía Bonaerense. Efectivos policiales y peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para recolectar rastros y realizar los peritajes correspondientes. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (UFID) Nº 4 de Pinamar, que busca identificar a los responsables del hecho.

Javier Arzubi Calvo es titular de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal y lidera investigaciones de alto perfil, entre ellas la que involucra al juez federal Gastón Salmain. Este último será indagado en los próximos días por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a la salida ilegal de divisas al exterior, en un caso que ha generado gran repercusión en el ámbito judicial.

El robo se produce en un contexto de alta sensibilidad, ya que Arzubi Calvo conduce causas vinculadas a la corrupción judicial y el crimen organizado en Santa Fe. Si bien fuentes policiales consultadas consideran el hecho como un robo común, frecuente en la zona de Pinamar durante fines de semana largos, en el ámbito judicial el episodio despertó suspicacias por el perfil del damnificado y el momento procesal de las investigaciones que lidera.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones ni se ha identificado a los autores del robo. La investigación continúa para determinar si se trató de un hecho aislado o si existe alguna conexión con las causas judiciales en curso. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de funcionarios judiciales involucrados en investigaciones sensibles y la necesidad de reforzar su seguridad.